Este es el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, que no hubo una agresión sexual contra una niña de 10, sino una falta llamada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público”.
La decisión judicial ha sido la gota que ha derramado el vaso e hizo que la protesta en redes sociales saliera a las calles, frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, quien tuvo como escenario a cientos de personas exigiendo justicia.
Bessy Ríos, Defensora de Derechos Humanos y William Hernandez, Director Ejecutivo de Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos”. Presentaron esta mañana un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue el probable cometimiento de delitos que pudieron incurrir los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, los cuales consideraron como falta y no como delito, los supuestos tocamientos que el magistrado hacia la menor.
(Fotografías tomadas de Internet)
Ríos, dice que ya hay antecedente de la Cámara Tercera de lo Penal, que condenado a una persona por tocar a una menor de edad en un mercado a cuatro años de cárcel, bajo el mismo articulo del código penal. Sabemos que todo acto violatorio a la integridad sexual de niñas debe ser atendido por el sistema judicial con máxima prioridad, responsabilidad y seriedad para garantizar el respeto a la intimidad de la víctima.